Por Dilian Francisca Toro Torres
Uno de los grandes desafíos que tiene el país es el de generar políticas para que cada vez más colombianos puedan acceder a una vivienda digna. Se trata de una tarea a todas luces titánica. Según el Dane, en 2021 el 31% de los hogares colombianos presentaron déficit habitacional, es decir que en Colombia hay un faltante de 5,24 millones de viviendas.
Según el Gobierno Nacional, esta situación implica que, para superar el déficit habitacional en el país se necesitará construir 400.000 viviendas nuevas cada año y una inversión de cerca de $197 billones para su financiación.
Pero detrás de estas cifras tan desconsoladoras está el anhelo de millares de colombianos que sueñan con tener una vivienda digna y mejorar así su calidad de vida. En mi recorrido por el país he tenido la posibilidad de escuchar sus historias y su frustración por la falta de oportunidades para acceder a este derecho fundamental.
Precisamente, bajo nuestra premisa de escuchar para actuar, La U presentó en el Congreso de la República un Proyecto de Ley a través del cual se busca promover la inversión en programas de viviendas de interés social en las modalidades de construcción en sitio propio o autoconstrucción; mejoramiento de vivienda y adquisición de vivienda usada.
La iniciativa propone que se invierta al menos el 30% del presupuesto de recursos de Vivienda de Interés Social para esta finalidad. Igualmente establece que las Cajas de Compensación Familiar destinen cada año el 20% de los recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social -Fovis, para atender programas dirigidos a familias damnificadas por eventos catastróficos, crisis fronteriza y a víctimas del conflicto armado.
Con esta medida se podrá garantizar el acceso a vivienda usada a través de asignación de subsidios y cobertura en las tasas de interés para deudores de crédito de vivienda usada; se fija un monto de Subsidio Familiar de Vivienda para la construcción de vivienda en sitio propio y se destinan recursos de adquisición o construcción para Organizaciones Populares de Vivienda.
Pero, además de promover el acceso de los colombianos a un techo digno, el Proyecto de Ley busca dinamizar el sector de la construcción, uno de los más importantes de la economia del país, y fortalecer la generación de empleo haciendo que en los procesos de diseño, ejecución y seguimiento, se priorice el uso de la mano de obra local y la autoconstrucción por parte de la población que acceda a los proyectos.
También estimula el desarrollo sostenible, al crear incentivos de ahorro en servicios públicos para la construcción de vivienda sostenible y establece el uso de ecodiseños y la construcción con materiales que reduzcan el impacto ambiental, facilitando así el ahorro y generando un beneficio social.
En mi opinión, para solucionar el déficit habitacional en el país es necesario implementar alternativas que permita a más colombianos acceder al derecho universal de tener una vivienda en la que vivan con dignidad y seguridad. Lo bueno de esta propuesta de La U es que establece igualdad en la asignación de subsidios para vivienda nueva o usada, dándole así la oportunidad a más familias de mejorar su calidad de vida.
Como dice el refrán, “tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza”. Por eso reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por reducir las brechas sociales que nos aquejan, para generar empleo, desarrollo, bienestar y así aportar a la construcción de un país más incluyente, que potencie todo lo bueno que tenemos.
