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Opinión: Protección y garantías a los menores

26 de noviembre de 20230

Por José David Name Cardozo, Senador de la República por el Partido de la U

Cada día que pasa, se agudiza la desoladora realidad de miles de niñas, niños y adolescentes en Colombia que se encuentran en un entorno marcado por la pobreza y la persistencia de la violencia en diversas formas. Como sociedad tenemos el enorme desafío de cambiar el rumbo de las nuevas generaciones, brindándoles condiciones de seguridad y protección. Un país donde cada niño y niña pueda crecer sin temor, con dignidad y plenitud.

Según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) más de 11 millones (67 %) de niños, niñas y adolescentes en el país son pobres, de los cuales 8,3 millones se encuentran viviendo en condiciones de pobreza monetaria y más de 3 millones en pobreza extrema. Condición que desencadena dificultades en el acceso a la educación, la salud y la alimentación.

Una de las mayores preocupaciones recae sobre los tipos violencia que afectan los derechos de la infancia y la adolescencia en el país. Nos referimos a la violencia sexual, la violencia doméstica, la violencia del conflicto armado y el reclutamiento de niños y niñas por parte de los agentes de la guerra y los grupos criminales. Añadiría una más: la violencia del hambre y la desnutrición, especialmente en zonas como el Chocó y La Guajira, en donde se reseñan varias muertes por este flagelo.

Las cifras de violencia infantil son escandalosas. De acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cada semana 12 niños y niñas son víctimas de homicidios, lo que ha dejado un total de 634 crímenes de este tipo en lo corrido del 2023. En cuanto a delitos sexuales, durante este año Medicina Legal tuvo que examinar más de 25 mil niños que presuntamente fueron abusados sexualmente, en el 50% de los casos el supuesto agresor fue un familiar. Estas cifras revelan no solo la vulnerabilidad de la niñez colombiana, sino también la urgencia de acciones efectivas para erradicar la violencia infantil.

En cuanto a la desnutrición, el panorama también es deplorable. Recientemente, el Instituto Nacional de Salud reportó 299 casos notificados de niños y niñas menores de cinco años de edad, que fallecieron por desnutrición, de los cuales, fueron confirmados 202. Cifras que causa un profundo dolor y amerita tomar acciones inmediatas y sostenibles que permitan mejorar la situación de salud de los menores y garantizar su derecho a la vida.

En el caso de La Guajira, el índice por desnutrición infantil es uno de los más altos de América Latina al ubicarse en un 11.2 %, es decir, triplica el promedio nacional que es de 3.4 %. En días pasados, la Contraloría General de la Nación determinó que por lo menos 95 de los 265 niños de La Guajira reportados como fallecidos por desnutrición para el año 2022 hacían parte de programas de prevención del ICBF, y además advirtió sobre riesgos que persisten en el Programa de Alimentación Escolar, PAE del departamento. Así se continúa gestando el círculo vicioso de la desigualdad que ha afectado a generaciones en este departamento.

Los altos índices de desnutrición infantil y las escalofriantes cifras de muertes por esta causa, dan cuenta de una dolorosa realidad que acecha, sin contemplaciones, a nuestros niños y niñas en el país. Esta alarmante situación exige más actuación y menos retórica por parte de todos para lograr la concertación de acciones articuladas que permitan brindar una atención adecuada a la grave problemática.

Otro de los retos más grandes que tenemos es mejorar la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. La lucha contra la ignorancia, la pobreza y la inequidad es una batalla que venimos perdiendo desde hace mucho tiempo, así que agilizar una agenda que resuelva el rezago educativo del país es un tema impostergable.

Con una inflación imparable que sigue ampliando la enorme brecha de inseguridad alimentaria, afectando a millones de familias colombianas, se hace vital priorizar la lucha contra la desnutrición, así como el acceso a la educación y la salud de los menores de edad. Para ello, urge una intervención multidisciplinaria en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

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