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Opinión: Primer año del ¿gobierno del cambio?

11 de agosto de 20230

Por Víctor Manuel Salcedo

Representante a la Cámara – Partido de la U

 

Incertidumbre, expectativa, esperanza, sentimientos con los que Colombia recibió al primer gobierno de izquierda que ha dirigido los destinos de la nación. No era para menos, Gustavo Petro representaba la antítesis de la tradición política colombiana, o así lo hacían ver él y sus más cercanos promotores. Y el 7 de agosto de 2022 se posesionaba como Presidente de la República.

Coincido con quienes han destacado como efecto positivo durante el gobierno del cambio la evidencia de instituciones democráticas sólidas, división de poderes, autonomía institucional, libertad de prensa, de expresión, de protesta. No que sean resultados atribuibles al gobierno, es que la sociedad colombiana respeta y defiende dichos valores democráticos, por ejemplo, ante declaraciones de representantes del alto gobierno, atacando a los medios de comunicación, empresarios, sector de hidrocarburos o como el mismo presidente mencionó: a la “clase media arribista” que salió a marchar.

Ahora bien, frente a las apuestas del “gobierno del cambio”, se pueden mencionar: la política de paz total, la protección ambiental y la determinación en poner al campo y el agro en el centro del debate.

Frente a paz total, el Congreso de la República entregó al gobierno nacional la Ley 2272 de 2022, instrumento normativo y legal para avanzar en este propósito, el cual se espera que las negociaciones no sean una burla para el país, sin dejar de mencionar que por el momento el enunciado paz total no corresponde en absoluto con la cruda realidad que en materia de seguridad y orden público atraviesa Colombia, donde homicidios, extorsión, secuestro, masacres aumentan y ponen en duda la idea misma de la “Colombia, potencia mundial de vida”.

En cuanto a políticas de protección ambiental, es el momento de pasar del dicho al hecho, con acciones más concretas y evidentes, sin menoscabo de la estabilidad energética con una transición ordenada y progresiva y con el apoyo de expertos en el sector.

Con relación a las acciones en materia de campo y agricultura también ha sido el Congreso de la República apoyo fundamental en este propósito, aprobando el acto legislativo del campesinado como sujeto de derechos y especial protección, así como la norma que crea la jurisdicción especial agraria y rural, sin dejar de mencionar el proceso de compra de tierras que adelanta el gobierno. Disposiciones que también se hicieron viables con la aprobación de la reforma tributaria y el plan nacional de desarrollo en el Congreso de la República, leyes que entregan la posibilidad al gobierno nacional de adelantar los proyectos y apuestas que presentó al país para su elección.

En otros temas, la reducción de la tasa de desempleo ubicándose en un digito es una buena noticia, así como la decisión de respetar la regla fiscal en el manejo de las finanzas públicas. Vale la pena indicar que la baja ejecución presupuestal por parte del ejecutivo no es una buena señal, máxime cuando dicha ejecución presupuestal está relacionada con la puesta en marcha de programas sociales y eliminación de pobreza, aspectos medulares para el gobierno, indicando una vez más, que las acciones son más importantes que el discurso.

Dentro de los puntos negativos del primer año de gobierno, destaca la inestabilidad en el gabinete ministerial, la salida de 11 ministros es muestra de la dificultad para organizar un equipo capaz de adelantar las transformaciones que demanda el país, la interinidad en cargos como la dirección del INVIMA, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Infraestructura y viceministerios en encargos, después de 12 meses, también es muestra de la poca importancia que para el gobierno tiene la buena administración. La función pública requiere capacidad de ejecución, efectividad, excelente manejo de recursos, requiere menos activismo ideológico y más sentido de responsabilidad con los colombianos y sectores económicos quienes con sus impuestos sostienen el gran aparato estatal.

La agenda internacional del Presidente de la República pareciera ser prioritaria mientras el país reclama resolución inmediata de los problemas internos con celeridad, los 21 viajes al exterior realizados durante 11 meses ameritan reflexiones sobre qué tan importante y cuanta prioridad tiene el país en la agenda del gobierno.

Por último, lo que definitivamente pone en jaque al gobierno del cambio son sus escándalos internos y golpes autoinfligidos. La controversia entre el exembajador de Colombia en Venezuela y la jefa de gabinete, que dejaron como resultado graves declaraciones por comprobar, de ingreso de dinero no reportado a la campaña presidencial, el escándalo del hijo mayor del presidente y su exesposa que presuntamente involucra dineros del narcotráfico en la financiación de campaña, la falsificación de documentos en viceministerios, el abuso de poder para beneficios personales por parte de altos funcionarios del gobierno entre otros, son hasta ahora la mayor debilidad del gobierno, restándole legitimidad y gobernabilidad.

Ojalá el gobierno nacional en cabeza del Presidente de la República tenga la capacidad de reflexionar y evaluar lo que hasta ahora ha sido su desempeño. Restan tres años de mandato, no hay tiempo que perder y apunta de discursos, Twitter, activismo y marchas no se gobierna ni se le cumple a Colombia.

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