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Opinión: Hay que proteger al usuario financiero

19 de octubre de 20220

Por Dilian Francisca Toro

Con frecuencia solemos escuchar historias de cómo personas conocidas y hasta familiares, han sido víctimas de delitos o fraudes informáticos relacionados con el sistema financiero, y lo difícil que a veces les resulta tratar de recuperar el dinero que les ha sido robado por la ciberdelincuencia. 

Se trata de un delito que ha venido tomando cada vez más fuerza en el mundo, especialmente después de la pandemia, y en Colombia no ha sido la excepción. Tan solo durante el primer semestre de 2022 la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones informó que en el país se realizaron más de 29 mil denuncias sobre estafas y delitos informáticos. Esto representa un 75% más que lo reportado en 2019 y supera en 8% las denuncias instauradas en todo el 2021.

Generalmente una vez ocurrido el delito, las personas se enfrentan ante un verdadero viacrucis para que le devuelvan sus recursos, pues tiene que demostrar ante la entidad financiera que efectivamente fueron víctimas de un robo electrónico. 

Adicionalmente, los usuarios se ven enfrentados a tener que realizar diversas diligencias, como instaurar denuncias ante la Policía, declarar ante los organismos de control o incluso, tener que acudir a la Fiscalía. En contraste, muchas entidades bancarias poco se involucran en este proceso, dejando a su cliente a la deriva.

Esta situación además de representar un descalabro financiero para las personas, también genera desconfianza en el sistema bancario, ante la incertidumbre de los usuarios respecto a que, en este tipo de situaciones, las entidades no les van a responder por su dinero.

Escuchar a la gente de diferentes condiciones sociales y en distintos lugares del país sobre este tipo de situaciones, nos motivó a actuar y por eso la U presentó en el Congreso de la República un Proyecto de Ley para la protección al usuario financiero, que busca beneficiar tanto a las personas naturales con créditos y depósitos mínimos, hasta personas jurídicas con altas sumas de dinero acreditadas y depositadas.

La iniciativa propone que cuando ocurran este tipo de fraudes o robos electrónicos las entidades bancarias se vean obligadas a dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o reclamos de sus clientes. 

Así también, que los recursos sustraídos de forma ilegal sean devueltos por la entidad financiera a la cuenta del consumidor en un término no mayor a cinco días hábiles, después de haber realizado la denuncia. Además, establece que es la entidad bancaria la que debe asumir el costo del aseguramiento ante los posibles fraudes y no el usuario, como sucede actualmente. 

Esta iniciativa que es impulsada por La U constituye una buena noticia para todos los usuarios y para las entidades financieras. Se trata de una propuesta que nace de los constantes diálogos que hemos tenido con la gente en las regiones y tiene el propósito de buscar soluciones concretas a sus problemáticas reales. 

Pero si bien establecer estas normas y leyes es muy importante, mi invitación a todos los colombianos es que ante la gran facilidad que actualmente tenemos para acceder a servicios financieros de manera virtual, tomemos mayor conciencia y aprendamos a conocer las herramientas que existen para prevenir este tipo de delitos que ponen en peligro nuestro patrimonio.  

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