Por Dilian Francisca Toro Torres
Cada día surgen a la luz pública numerosas denuncias sobre acoso y abuso sexual a estudiantes en colegios y universidades, en las cuales la mayoría de las víctimas son mujeres. Algunos de esos casos han ocurrido en Bogotá, Barranquilla, Cali o Palmira y son materia de investigación. Se trata de un fenómeno muy grave en el que debemos actuar como sociedad, por las consecuencias psicológicas y sociales que generan. Hechos como las más de 70 denuncias por acoso sexual presentadas por estudiantes contra docentes del Instituto de Bellas Artes en Cali, deben ser atendidas y resueltas con prontitud.
Según especialistas, el abuso y el acoso sexual dejan huellas a corto y largo plazo en las víctimas, que van desde reacciones ansioso depresivas, bajo rendimiento escolar, aislamiento social, estrés, bajo control de la ira, hasta conductas autodestructivas.
Esta es una problemática de grandes proporciones en el país, que se refleja dramáticamente en los entornos estudiantiles. En Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación reconoce que está atendiendo sólo 163 casos activos, de un total de 7.190 alertas radicadas entre 2019 y 2022. Por su parte, el Ministerio de Educación ha registrado 876 casos de abusos en entornos escolares, de los cuales 65 procedieron a sanción, 127 han sido archivados y 684 están actualmente en investigación. Entre tanto, un informe del Centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, sobre 44 universidades colombianas, reveló que 28 de ellas no cuentan con ningún tipo de protocolo para abordar el acoso sexual.
Si bien en el país existe la Ley 1620 de Convivencia Escolar, que define los manuales de convivencia y las estrategias mecanismos de alertas tempranas, denuncias y sanciones, en muchas instituciones hay la tendencia a ignorar o lo que es peor, a revictimizar a quienes han sufrido el acoso o el abuso. Las alertas tempranas no han mostrado ser muy efectivas, mientras que muchas de las investigaciones terminan estancadas y al final las decisiones sancionatorias no dejan satisfechas a las víctimas quienes ven vulnerados sus derechos.
En mi opinión el primer paso que se debe dar para afrontar esta problemática es reconocer que el fenómeno existe empezando por motivar y acompañar a la víctima para romper el silencio, para así comenzar a actuar a través de un trabajo que involucre a los diversos sectores y actores. Para ello, se debe sistematizar la información sobre las denuncias, con el fin de establecer un diagnóstico y definir las acciones y rutas a seguir.
Por tratarse de centros de enseñanza, otro paso importante es que el tema esté presente de forma transversal en los contenidos pedagógicos, fomentando el respeto a los derechos fundamentales y al rechazo total a los comportamientos que puedan generar acoso o abuso, todo dentro de una política de prevención.
Pero lo más importante es que se tenga a las víctimas en el centro de los procedimientos y actuaciones. Debe existir acompañamiento psicológico y legal para todos ellos y sus familias, activando las diversas rutas de atención, con participación de instituciones como la Procuraduría, Bienestar Familiar, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Policía, entre otras.
Acciones como estás dan resultados positivos, tal como lo demostramos durante mi gestión como Gobernadora del Valle del Cauca, durante la cual establecimos la Ruta de Atención a Víctimas de Violencia de Género, implementando estrategias como el Consultorio Rosa, que permitía una atención integral a los afectados por la violencia de género, las Casas de Acogida y la capacitación de más de 7.600 policías en temas de género, así como diversas campañas contra la violencia de género.
También creamos el Observatorio contra la violencia de género, una plataforma que permitió hacer seguimiento desde la perspectiva de género para identificar cómo suceden esas violencias y así evitarlas y erradicarlas. Todo esto en el marco de la Ley 1257 que previene y sanciona la violencia contra la mujer y las leyes que promueven la equidad de género, de la cual fui autora e impulsé cuando presidí la Bancada de Mujeres en el Congreso.
Invito a las autoridades, a las instituciones y a la sociedad en general a trabajar unidos para enfrentar este flagelo. Se deben emprender acciones preventivas, pero también hay que ser proactivos y asertivos, entendiendo la realidad que se está viviendo. Debemos cambiar esta cultura de violencia en la que están inmersos nuestros niños y jóvenes que son el presente y el futuro del país. Así sea una sola denuncia, se debe actuar. No podemos normalizar el abuso o el acoso, por el contrario, debe existir cero tolerancias.
