Por Dilian Francisca Toro Torres
Un refrán popular dice: “que el árbol no tape el bosque”, un sabio adagio que podríamos aplicar al actual panorama legislativo, en el cual pareciera que casi todos los debates se han limitado a discutir sobre las reformas sociales del Gobierno y a las controversias políticas que giran en torno a ellas. Sin embargo, en el Congreso existen muchos otros proyectos de ley importantes que buscan mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Desde La U, por ejemplo, en el último año hemos radicado cerca de 21 iniciativas, todas ellas producto de los diálogos que hemos tenido con los colombianos que habitan en las regiones del país, con el propósito de buscar soluciones a sus problemas fundamentales, y que hemos construido bajo el principio de escuchar para actuar.
Precisamente, uno de los temas más sensibles que hemos abordado tiene que ver con la lucha para derrotar la desnutrición y el hambre en el país. Según la Defensoría del Pueblo, hasta inicios del mes de abril en Colombia ya se había denunciado la muerte por desnutrición de 59 niños menores de cinco años y 4.474 casos de desnutrición aguda. Estas terribles cifras debemos convertirlas en un llamado a la acción, porque estas muertes y condiciones se pueden prevenir.
Ante este panorama, nuestra colectividad presentó el Proyecto de Acto Legislativo, ‘Derecho a la alimentación’, que ya alcanzó aprobación en quinto debate de la comisión Primera del Senado, a través del cual se establece constitucionalmente que el Estado garantice a los ciudadanos el derecho a la alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición, promoviendo además la soberanía y la seguridad alimentaria. Considero que esta iniciativa es el camino para que, más allá de las lamentaciones, los gobiernos se vean comprometidos a velar para que ya no haya más niños que mueran de hambre en el país.
Otra problemática de salud pública tiene que ver con el acceso de los jóvenes al consumo de tabaco a través de dispositivos como los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Según la encuesta nacional de tabaquismo del 2022, son los jóvenes entre los 15 y 30 años quienes más consumen cigarrillo electrónico y de ellos, cerca del 46% ‘vapea’ por lo menos 20 días a mes, mientras que el 54% restante lo hacen a diario, cifras que demuestran cómo el consumo inicia a edades tempranas, con graves riesgos para su salud.
Por eso, desde La U formulamos una iniciativa para actualizar la ley 1335 de 2009, conocida como Ley Antitabaco, de la que fui autora y ponente siendo congresista, para que también se pueda regular estas nuevas formas de consumo. La medida busca que los menores de edad no tengan acceso a estos productos, que tampoco sean consumidos en sitios públicos y que sus empaques adviertan el grave riesgo que ocasiona a la salud de los que lo consumen. En medio de esta batalla por salvar la salud de los jóvenes, desde La U se convocó recientemente una audiencia pública, con participación de expertos y representantes de todos los sectores para hablar de su impacto y cómo se puede prevenir y regular el consumo en esta población.
Por otra parte, la violencia de género es un flagelo que también ha dejado millares de víctimas en nuestro país. Según la Procuraduría, en 2022 se registraron 614 casos de feminicidio en el país, estableciendo además que 47 mil mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar, lo que equivale a 3 mujeres cada hora y 128 por día, cifras que son vergonzosas.
Entendiendo que un factor fundamental para combatir esta problemática es la prevención, La U radicó una iniciativa para que, en los programas de educación superior de medicina, derecho, psicología y trabajo social, formen y sensibilicen a los estudiantes de estas carreras en temas como prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Así, se agilizará su ingreso a la ruta de atención de la justicia y se evitará la revictimización de las mujeres cuando son víctimas de violencia.
A estas iniciativas se suman otros proyectos de ley que La U tramita ante el Congreso, que benefician a las mujeres trabajadoras del sector infraestructura, a cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, así como para proteger a los datos personales de los ciudadanos, fortalecer el aprovechamiento de los residuos sólidos y la economía circular, en un esfuerzo por plantear soluciones reales a las problemáticas que viven los ciudadanos.
“Que el árbol no tape el bosque”. Un partido político no puede centrarse sólo en discutir unos temas específicos de la agenda legislativa ni estancarse en disputas por alianzas políticas. En mi opinión, es escuchando y actuando como podemos transformar la vida de la gente. El pueblo exige que se responda a sus demandas y como institución que está del lado de la gente en las regiones, seguiremos trabajando por sacarlas adelante en el Congreso, que es el espacio democrático en el que podremos construir todo lo bueno que merecen los colombianos.
