Por Dilian Francisca Toro Torres
En su más reciente informe sobre estadísticas vitales, el Dane reveló que entre el 2020 y el 2021, en el país se incrementaron en un 19,4% los nacimientos producto de embarazos en niñas entre los 10 y 14 años. Se trata de un hecho alarmante que no solo nos cuestiona sobre qué tanto estamos haciendo en Colombia para proteger los derechos de nuestras niñas y adolescentes, sino que revela un problema de salud pública y su impacto en el conjunto de la sociedad.
Si bien son múltiples las causas de esta problemática, el propio director del Dane, Juan Daniel Oviedo, reconoció que este incremento en los embarazos de menores puede tener origen en acciones de violencia sexual en contra de esta población, la cual aumentó durante el confinamiento generado por la pandemia. Recordemos que en nuestro país está tipificado como delito las relaciones sexuales entre adultos y menores de 14 años.
Estos embarazos en edad prematura afectan a las niñas, adolescentes y a sus hijos en aspectos como el emocional, físico, social y económico. Según la Defensoría del Pueblo, el embarazo en esta población genera mayor riesgo de mortalidad y morbilidad materna, complicaciones derivadas de la práctica de abortos en condiciones peligrosas, afectaciones en el desarrollo psicosocial y en el proyecto de vida, deserción escolar, exclusión social, pobreza, profundización de las situaciones de vulnerabilidad, disminución de la participación laboral, empleos con ingresos bajos y mayor riesgo de sufrir violencia intrafamiliar, entre otras.
Se trata además de una problemática que afecta a toda la sociedad. Según el Icbf, la prevención de los embarazos adolescentes, permitiría la aceleración de ocho objetivos de desarrollo sostenible: equidad, equidad de género, acceso a la educación de calidad, reducción de la pobreza, impulso y desarrollo económico, salud y generación de paz.
Desde el Estado se vienen desarrollando programas y estrategias para prevenir el embarazo juvenil, pero es necesario hacer mayores esfuerzos para frenar su incremento. En mi opinión es necesario realizar un trabajo intersectorial que permita fortalecer los entornos protectores de las menores, como son el hogar, el ambiente educativo y el comunitario.
En este proceso la educación juega un papel fundamental como motor de transformación, incluyendo la educación integral de salud sexual y reproductiva, acceso a servicios de salud que contemple la atención psicosocial, pero también la intervención del Estado para acabar con costumbres como el matrimonio infantil y fenómenos como la violencia sexual hacia la mujer.
Pero también, se necesita desarrollar políticas que empoderen a esta población sobre sus derechos y abra espacios a su participación. En el caso concreto de los menores de edad, durante mi gestión en la gobernación del Valle del Cauca trabajé para garantizar los derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia a través de una serie de acciones encaminadas a que los niños y las niñas estuvieran en el centro de la toma de decisiones.
Producto de esta política creamos la plataforma interactiva Kitea para que los niños y niñas tuvieran un libre acceso a la información y aprendieran sobre sus derechos; pasamos de tener ocho plataformas de juventud, a cubrir los 42 municipios del departamento; implementamos una Red de Jóvenes libres de Violencias en articulación con la ONU para la prevención del delito e incentivamos la participación social y política de mujeres jóvenes a través de programas de formación, entre otras acciones. Todo ello enfocado en fortalecer las oportunidades para que niños y jóvenes puedan acceder a sus derechos. Estas acciones han sido fortalecidas y complementadas al punto que, al contrario de la tendencia nacional, en el departamento se ha logrado disminuir en 14 puntos los embarazos en adolescentes.
Nuestras niñas necesitan más protección. Tenemos que entender que los embarazos en menores de edad no se pueden normalizar. Se trata de un fenómeno que demuestra que estamos fallando en proteger derechos fundamentales de esta población y que debemos avanzar en políticas públicas que lo aborden como una problemática de salud pública, que no solo destruye los sueños y proyectos de vida de muchas niñas, sino que afecta el desarrollo y el bienestar de la sociedad en su conjunto.
