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Opinión: Justicia con la Costa Caribe

6 de diciembre de 20230
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Por José David Name Cardozo
Senador de La U

El cuestionado servicio de energía de la Costa Caribe lleva décadas afectando la calidad de vida de sus habitantes, quienes además de padecer por las frecuentes interrupciones del fluido eléctrico y su pésima calidad, se encuentran altamente expuestos a exagerados aumentos en las tarifas. Si bien no es una novedad, en los últimos años la problemática ha escalado hasta llegar a un punto de no retorno que resulta urgente revertir.

Al ya grave panorama que se vivía en la región a finales del 2019 por los constantes aumentos debido a exposición en bolsa de energía, las dudas acerca de la entrada en operación de Hidroituango, la falta de mantenimiento de las redes y las variaciones climáticas, se sumó el decreto 1645 del 10 de septiembre de 2019, para la adopción de un régimen regulatorio transitorio y especial para la operación del servicio de energía. Y es que como dice el dicho popular: “Al perro más flaco se le pegan las pulgas”.

Cuando el Gobierno del Presidente Iván Duque expidió el decreto, sabíamos que la gran perjudicada sería la Costa Caribe, y así lo confirmamos unos meses después, cuando se realizó la acelerada venta de Electricaribe, bajo un monto hasta ahora desconocido, eso si con múltiples gabelas y beneficios para las empresas Air-e y Afinia. Luego llegaron, entre otras resoluciones, la 010 del 30 de enero de 2020 y la 078 del 24 junio de 2021 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que autorizaron a Afinia y Air-e, la realización de un cobro retroactivo por pérdida de energía. Una carga injusta para los usuarios quienes al día de hoy están pagando tarifas excesivas. En pocas palabras, lo que hizo la CREG fue premiar a los que roban y castigar a quienes pagan por la energía.

La modificación o alteración de redes eléctricas tiene dimensiones escandalosas en esta región del país. Según la empresa Air-e, en el Atlántico las pérdidas por el robo de energía son del 29%, unos 130 millones de kilovatios mensuales que pueden alcanzar los 40 mil millones de pesos al mes. En los departamentos de La Guajira y el Magdalena, la situación es peor, con cifras superiores al 40% y 30% respectivamente, muchas personas ven normal el hecho de abastecerse de manera ilegal del suministro eléctrico. Lo que suma millonarios cobros.

Hace unos días recibimos la buena noticia que el Consejo de Estado admitió una demanda de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), contra el decreto presidencial 1645, un paso para tumbar este injusto régimen tarifario especial que ha creado un hueco en el bolsillo de los usuarios de la Costa, golpeando sin contemplaciones, las finanzas de los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Actualmente, tenemos un aumento de 40% en el costo de la energía en la región Caribe que se podría multiplicar con el Fenómeno de El Niño. Es urgente proteger a los usuarios y desmontar estos cobros injustos que impactan significativamente las tarifas. Esperamos que el recurso legal presentado logre revocar este decreto que se ha convertido en un atentado contra el desarrollo económico y el bienestar social de la región. Es injustificable que los usuarios tengan que pagar por el robo de energía y por la deteriorada infraestructura del sistema de distribución.

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