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Opinión: hay que debatir, no incendiar las calles

14 de febrero de 20230

Por: Dilian Francisca Toro Torres

La agenda legislativa iniciada el pasado 7 de febrero, ha despertado el interés de la opinión pública en el país de manera muy especial. Entre las sesiones extras y ordinarias, el Congreso de la República enfrenta un ambicioso cronograma conformado por cerca de 30 iniciativas de las cuales hacen parte proyectos de ley decisivos para los ciudadanos, como el Plan de Desarrollo, así como las reformas de salud, pensiones y laboral, entre otras.

Sin embargo, a una semana de iniciadas estas sesiones, desde el Gobierno Nacional y diversas organizaciones políticas y sociales se viene convocando a la gente para que salga a la calle a manifestarse en favor o en contra de estas propuestas, especialmente sobre las reformas sociales, cuyos articulados aún no se han dado a conocer ni se han debatido plenamente en el Congreso.

En mi opinión, los colombianos necesitamos avanzar en la construcción de un diálogo que no puede ser torpedeado por el activismo político de algunos congresistas y funcionarios, una postura que poco ayuda a debatir estas iniciativas claves que deben tener como objetivo primordial mejorar las condiciones de vida de la gente, sobre todo, de la más vulnerada social y económicamente.

Este tipo de acciones, con opiniones parcializadas, sólo dejan una sensación de confusión, incertidumbre y caos entre los ciudadanos, y de paso ponen en tela de juicio la institucionalidad. Y trasladar esta sensación sobre las manifestaciones de la gente en la calle es irresponsable y puede terminar incendiando al país innecesariamente.

Por eso considero que, frente a la crítica, se debe responder con altura. Es necesario buscar los cambios y transformaciones sociales que se necesitan, pero sin desgastarse en discusiones que no conducen a nada. Los colombianos debemos superar la polarización y entender que sí es posible que pensamientos opuestos puedan establecer un diálogo que genere las soluciones que la gente está demandando.

Estoy convencida de que en una sociedad tan diversa como la nuestra nadie puede tomar decisiones en solitario. Gobernar, implica abrir espacios a la crítica. Pero esa crítica debe estar encaminada a favorecer el bien común y no al servicio de intereses políticos o particulares.

Desde luego, salir a manifestar pacíficamente el descontento o para apoyar iniciativas que generen un cambio positivo en nuestra sociedad, es un derecho legítimo de todos los ciudadanos. Pero este derecho debe ejercerse sobre hechos ciertos, no a partir de información parcial que genera temor y confusión en la opinión pública. Tampoco puede estar motivada por fanatismos que exigen una fe ciega en quienes argumentan en favor o en contra de ella.

En mi experiencia como senadora de la República y ahora como directora de La U, la ruta a seguir frente al debate legislativo ha sido la de presentar los proyectos para discutirlos en el Congreso, en un debate amplio, profundo y técnico, con argumentos y cifras reales.  Luego, se hacen audiencias públicas en todas las regiones para escuchar a todos los actores de la sociedad que pueden ser impactados por las medidas y de este modo, poder construir a través del consenso, leyes que respondan a las necesidades reales de la gente.

Así lo hicimos frente a la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional el año pasado, ante la cual, desde La U, trazamos unas líneas rojas que discutimos con argumentos y propuestas, muchas de las cuales fueron acogidas en dicha Ley.

Sin duda, los temas que se están discutiendo en la agenda legislativa encierran todo el interés de los colombianos, porque están directamente relacionados con su bienestar y su futuro. Por eso desde La U, le propusimos al ministro del Interior realizar una reunión conjunta entre nuestra bancada de Cámara y Senado y los ministros a cargo de las reformas, para conocerlas a profundidad, debatirlas frente a lo que pueda ser negativo o positivo, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de los colombianos.

Mi invitación es a debatir las propuestas con argumentos y no pretender incendiar las calles. Por eso durante esta nueva legislatura, nuestro compromiso será el de trabajar responsablemente para defender, con argumentos, los derechos de la gente, en especial la más vulnerada, y así aportar a la construcción de una Colombia más justa, incluyente y en paz.

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