Por Dilian Francisca Toro Torres
El 25 de noviembre se conmemora el ‘Día internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer’, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir y acabar con esta problemática que ha cobrado millones de vidas y que ha tenido fuerte impacto en el bienestar social de los países.
No es un asunto menor que la violencia contra la mujer haya sido declarada por la OMS como un problema de salud pública que obliga a la institucionalidad a tomar medidas que se encuentren a la altura para salvaguardar la vida y la integridad de quienes son el 52% de la población.
A lo largo de mi carrera política y social he buscado influir en la reducción de las violencias contra las mujeres desde el legislativo y el ejecutivo. Como congresista lideré la sanción de la Ley 1257 del 2008, a través de la cual se consideró la violencia contra la mujer como un delito y se dispusieron las medidas de prevención, atención y sanción.
Como Gobernadora de los vallecaucanos, desarrollamos políticas para generar más oportunidades para las mujeres. Para ello, posicionamos la Secretaría de la Mujer y Diversidad Sexual para impulsar el mejoramiento de su calidad de vida a través del programa ‘El Valle Cuida a sus Mujeres’, con acciones para el empoderamiento político, el fortalecimiento institucional y la prevención y atención de las violencias contra ellas.
También fortalecimos el Observatorio de Género, creamos el Consultorio Rosa en el HUV para que las mujeres agredidas contaran con un acompañamiento idóneo en su ingreso a la justicia e invertimos recursos importantes para facilitar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación en la descongestión de las medidas de atención y sanción.
Sin embargo y a pesar de los esfuerzos institucionales, este fenómeno sigue siendo una grave problemática en el país. En el año 2021 los feminicidios crecieron 12.3% con respecto al 2020, es decir, fueron asesinadas 210 mujeres, mientras que hasta octubre del presente año se han denunciado 588 presuntos feminicidios, según la Fiscalía General de la Nación.
Lo anterior evidencia que la ruta de atención no ha funcionado y necesita ser modificada. En mi opinión, hacen falta otras disposiciones que permitan avanzar en la prevención y atención en casos de violencia contra nosotras, sobre todo, con la intención de evitar los feminicidios.
Para que las mujeres accedan a la justicia, actualmente existen cuatro puertas de entrada: la Comisaria de Familia, la Fiscalía, las IPS y el Icbf, en caso de que la violencia sea contra las niñas. Si bien, cada una de estas instituciones en la mayoría de los casos prestan un importante servicio, también es cierto que los feminicidios son la expresión más extrema de violencia contra la mujer y que con un seguimiento riguroso se pueden evitar.
Por eso, hago un llamado al Gobierno Nacional para que en el Plan de Desarrollo Nacional se incluyan disposiciones que permitan ambientar la posibilidad de reducir el número de puertas de entrada a la justicia por parte de las mujeres víctimas con la intención de reducir las entidades responsables en la atención de las mujeres.
También es necesario que, en articulación con la Academia, se generen las disposiciones necesarias para que, en las carreras de psicología, trabajo social, medicina y derecho, se incluya en el currículo académico conocimientos para tomar las decisiones correctas en la atención de este tipo de casos. Hoy, los recursos que invierte el Estado en capacitaciones a funcionarios y funcionarias se podrían reducir drásticamente si la violencia contra la mujer definitivamente es tratada como un problema de salud pública.
Desde La U escuchamos a las comunidades para actuar en su favor. Por eso, estaremos dispuestos a liderar, tramitar y trabajar con rigurosidad para encontrar los elementos que nos permitan que el 25 de noviembre de los años venideros las cifras de violencia contra la mujer y los feminicidios encuentren el camino hacia su erradicación.
