Por Dilian Francisca Toro Torres
Uno de los primeros retos que enfrenta el nuevo gobierno nacional en el suroccidente colombiano es el de generar escenarios de diálogo para buscar una solución pacífica al conflicto de tierras que se ha dado desde hace varios años en el norte del departamento del Cauca, el cual viene afectando la estabilidad social y económica de la región.
Se trata de una delicada situación que involucra al sector productivo de la caña, los trabajadores de los ingenios, a campesinos afro, mestizos y comunidad de la región, quienes han vivido la violencia por la ocupación de tierras por parte de sectores indígenas del Cauca.
Lo que se ha evidenciado son acciones inaceptables como ataques con artefactos explosivos y quema de viviendas que amenazan la convivencia de la región. Según los gremios azucareros, en las últimas décadas han sido copadas por vías de hecho más de 6.000 hectáreas de terrenos y tan solo en este año ya son más de 800.
Hay que reconocer que esta es una problemática compleja y muy sensible ante la falta de tierras cultivables en este territorio, lo cual afecta los intereses y pretensiones tanto de comunidades indígenas, afro y campesinos, pero también impacta sobre los derechos de los ingenios azucareros, de sus trabajadores y los cultivadores independientes. No se puede olvidar que además de generar cerca de 50 mil empleos, este sector de la economía representa para el Cauca el 20,2 % del PIB industrial, 13,7 % del PIB agrícola y el 8,5 % del PIB total.
Según la Agencia Nacional de Tierras, a los indígenas de este departamento les han sido asignadas 202.000 hectáreas con títulos ya formalizados, pero sólo 64.000 de estos terrenos son de vocación agrícola. Además, la entidad señala que estas comunidades tienen pretensiones sobre otras 570.000 hectáreas.
Pero la problemática va más allá de la tenencia de tierras. La región tiene grandes retos por superar como la falta de vías de acceso que impide a los campesinos comercializar sus productos; la necesidad de mejorar los sistemas de riego y las cadenas productivas; la falta de programas de formación, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las mingas indígenas y la presencia de grupos armados ilegales y del narcotráfico.
Si bien, el Gobierno nacional ya instaló una mesa de diálogo con participación de los implicados y de los gobiernos locales, es urgente que en primer lugar se busque poner fin a los hostigamientos, a los bloqueos de vías y a los daños e invasiones a la propiedad privada, sobre todo, pensando en que el interés general debe primar sobre el particular, porque es la estabilidad de toda una región la que está en juego.
En mi opinión, se debe ejercer un liderazgo colectivo para construir entre todos soluciones reales y de fondo y así se establezcan de una vez por todas, acuerdos sólidos en los que se respeten los derechos de todos los implicados, pero, además, que no se vulnere el derecho al trabajo, la vida, a la propiedad y al desarrollo de la libre empresa.
Estoy convencida de que es con el diálogo directo y franco como se pondrá fin a la violencia y se podrán establecer caminos que conduzcan a mejorar las condiciones para la generación de empleo, el bienestar, la prosperidad y la paz de una región que es clave para el desarrollo de la nación.
