Por: Víctor Manuel Salcedo- Representante a la Cámara por el partido de la U.
En Colombia pareciera que la delincuencia se sintiera con más confianza para delinquir, que el ciudadano para ejercer sus derechos y libertades, anuncios como pagar para no matar, nombrar gestores de paz a quienes han sido condenados por delitos, renunciar a las acciones legítimas del Estado en contra de grupos armados. Crean el clima perfecto donde la delincuencia encuentra lugar para fortalecerse aún desde las cárceles.
Según cifras del Ministerio de Defensa, durante 2023 se reportaron 10.263 casos de extorsión, la cifra más alta en los últimos 10 años y que se reporta durante el gobierno del “cambio” y la paz total. Fenalco, por su parte, informa de un incremento del 23% en los niveles de inseguridad y delincuencia en Colombia. Además, afirma que «el 64% de los comerciantes asegura no sentirse seguro en la zona o localidad donde trabaja y el 57% tampoco se siente seguro en la localidad donde vive. El 30,7% de los encuestados fue víctima de robo, mientras que el 5,6% fue víctima de extorsión.
El Estado en su conjunto, con la capacidad de uso de la fuerza, inteligencia militar, presupuestos billonarios e incluso cooperación internacional, parece amilanado frente a estructuras delincuenciales que por concepto de extorsión logran captar miles de millones de pesos mientras el ciudadano sufre por esta práctica.
Pero hay más: la mayor fuente de extorsión en Colombia son las cárceles dirigidas y administradas por el Estado, vaya contradicción surrealista, imposible de asimilar. La Defensoría del Pueblo “algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarías de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.”
En 2023 el país conoció que tras un operativo en la cárcel Picaleña de Ibagué, se encontraron 40 celulares y más de 400 sim card, elementos usados para estafar desde el centro carcelario.
También menciona la Defensoría del Pueblo que “de los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G”.
Pero si en las ciudades a los ojos de las autoridades la extorsión crece, en las zonas rurales, no es la excepción, pues las “vacunas extorsivas” a dueños de predios rurales y ganaderos, mineros, campesinos etc. siguen siendo la orden del día, evidenciando de nuevo un Estado débil sin control de su territorio, que si no toma medidas urgentes se encontrará con estructuras delincuenciales que en paralelo a las funciones del Estado captan dinero de los ciudadanos para financiar actividades delictivas.
Desde la señora que vende frutas y jugos, hasta grandes empresarios son víctimas de extorsión. En ciudades como Tuluá y Buenaventura estructuras delincuenciales controlan el ingreso de alimentos y exigen pago extorsivo. La extorsión se transforma y se adapta encontrando espacios aún en el celular de la víctima, mientras tanto la responsabilidad del gobierno del “cambio” y la paz total es lograr debilitar esta práctica y no permitir que supere las capacidades institucionales, con el fin de no convertir al país en una Colombia donde cada vez más se normaliza la extorsión.
