Por Dilian Francisca Toro Torres
El Gobierno Nacional logró la aprobación en el Congreso de la República de la prórroga y modificación de la ley de orden público, que contiene el marco jurídico de la denominada ‘Paz total’. A través de esta norma se le otorgan facultades al Gobierno para llevar a cabo negociaciones con los grupos armados al margen de la ley que continúan delinquiendo en el país con el fin de lograr la convivencia pacífica entre los colombianos.
Si bien, desde La U apoyamos en el Congreso esta iniciativa del Gobierno, también señalamos durante los debates nuestro desacuerdo frente a algunas medidas que no respetaban los valores y normas de la ley y la justicia, tal como ocurrió con los artículos que pretendía amnistiar e indultar a los integrantes de la Primera Línea, los cuales votamos negativamente, por considerar que el modo en que fueron introducidos no era el correcto.
Tampoco estuvimos de acuerdo con que se otorgaran facultades a los departamentos y municipios para el cobro de impuestos para los fondos territoriales de paz, porque impactará negativamente a la población más vulnerable, al incrementar el valor de los servicios públicos, algo que resulta inconveniente, sobre todo, en el actual contexto económico por el que atraviesa el país. Consideramos, que, para mejorar los ingresos en las regiones, una solución sería actualizar el inventario catastral.
De otra parte, el Gobierno propuso que la JEP adquiera competencias para establecer soluciones jurídicas a los integrantes de bandas criminales que pretendan beneficiarse con esta Ley. No estuvimos de acuerdo con dicha medida, porque consideramos que es fundamental mantener el respeto, la autonomía y el equilibrio tanto de las instituciones como de las ramas del poder público, para que todo este proceso sea verdaderamente legítimo.
Intentar consolidar la paz en el país no es un propósito nuevo. A lo largo de nuestra historia los gobiernos han desarrollado procesos de paz con grupos armados en distintos contextos y condiciones. Pienso que es importante aprender de las experiencias que se han tenido y no repetir los errores.
En lo personal siempre he sido una defensora de resolver los conflictos a partir del diálogo, buscando el consenso entre la diferencia. Por eso apoyé con determinación los acuerdos de paz con las Farc convencida de que las víctimas del conflicto deben ser reconocidas y reparadas integralmente. Igualmente, de que los desmovilizados deben incorporarse a la vida civil y cumplir con lo acordado.
Pero también, entendiendo la necesidad de desarrollar políticas encaminadas a lograr la disminución de la pobreza, la generación de más empleo, la reducción de las brechas laborales para jóvenes y mujeres, el impulso al desarrollo rural, la participación ciudadana, el fortalecimiento de la economía y la seguridad en las regiones.
Esto se puede lograr con decisión política. Así lo demostramos durante mi gestión como Gobernadora del Valle del Cauca, a través del Modelo de Gestión Territorial para la Paz, que trazó la ruta de implementación del Acuerdo de Paz en el departamento en favor de cerca de 500.000 víctimas del conflicto y que contó con la participación de los sectores, público, privado, civil, académico y de la comunidad.
En mi opinión, lo bueno de la paz es que es el camino que debemos construir para alcanzar las transformaciones sociales y económicas que Colombia necesita; para que la gente en las regiones pueda vivir sin miedo y con bienestar.
Por eso, nuestro compromiso será el de seguir escuchando a la gente para actuar y apoyar en la construcción de una ‘Paz total’, pero con legitimidad, que respete la ley y el equilibrio de poderes; que tenga como eje a las víctimas del conflicto, que logre el sometimiento de los actores armados y que permita reducir las brechas sociales, generar desarrollo, bienestar, justicia y seguridad para todos.
