Después del terremoto, Colombia no puede volver a ser la misma
Por Clara Luz Roldán
Hace exactamente un mes, el 10 de agosto, Colombia vivió uno de esos días que dejan una marca difícil de borrar. El terremoto cambió en segundos la vida de miles de familias, y apagó la vida de 331 personas. Golpeó municipios enteros y nos recordó, de la manera más dolorosa, lo frágil de nuestra existencia.
Un mes después, mientras la emergencia deja de ser la noticia, muchas familias siguen enfrentando sus consecuencias: viviendas por reconstruir, actividades económicas por recuperar y comunidades que todavía necesitan del acompañamiento del Estado y la empatía de todos nosotros. La solidaridad que vivimos durante los primeros días fue conmovedora, pero ahora comienza la tarea más difícil y mucho más larga: la recuperación y la reconstrucción de todo lo que la naturaleza derrumbó.
No podemos evitar un terremoto, pero sí podemos reducir sus consecuencias si fortalecemos la prevención, actualizamos nuestras normas, conocemos mejor nuestros territorios y les damos a los municipios las capacidades y los recursos que necesitan para gestionar sus riesgos.
Por eso es valioso que el Congreso empiece a traducir lo ocurrido en propuestas concretas. La senadora vallecaucana Norma Hurtado, junto con congresistas del Partido de la U y de otras bancadas, radicó una iniciativa que busca actualizar la legislación sobre construcciones sismorresistentes y establecer la revisión obligatoria, cada cinco años, del reglamento colombiano en esta materia.
No podemos construir de igual manera en todo el país, ni siquiera en todos los sectores de una misma ciudad, porque los suelos y su comportamiento ante un movimiento sísmico son diferentes. La composición de nuestros suelos obliga a que las decisiones sobre dónde y cómo construimos estén respaldadas por conocimiento técnico y una planeación responsable.
A los municipios les asignamos enormes responsabilidades en materia de prevención y gestión del riesgo, pero no todos cuentan con las mismas capacidades técnicas ni con los recursos suficientes para asumirlas. Por eso necesitamos fortalecerlos y garantizar que hospitales, colegios, viviendas e infraestructura pública sean cada vez más seguros y así mismo tengan la capacidad de responder con mayor eficiencia frente a esta clase de emergencias.
Hoy, un mes después, no podemos olvidar a quienes continúan viviendo las consecuencias del terremoto: las familias que perdieron a sus seres queridos, quienes fueron damnificados con sus viviendas, los comerciantes que vieron desaparecer años de esfuerzo y las comunidades que enfrentan una reconstrucción que tomará tiempo. Ellos necesitan que la solidaridad de los primeros días se convierta en acciones duraderas.
Reconstruir sigue siendo nuestra gran tarea, algo que seguramente va a durar algunos años para hacerlo bien. Pero reconstruir no es solamente levantar las paredes que cayeron. También es recuperar la confianza y la esperanza de las comunidades y demostrarles a quienes lo perdieron todo que el Estado no los dejará solos. Es hacer que lo vivido se traduzca en decisiones que nos permitan estar mejor preparados, porque prevenir también es salvar vidas.
