Por Erasmo Zuleta Bechara
En hacienda pública lograr un sistema tributario justo es tan difícil como para la filosofía encontrar la fórmula de la felicidad. Y es un asunto siempre controversial. No en vano, líderes como Margaret Thatcher, a pesar de haber logrado resultados sin precedentes en su país, se han visto obligados a dimitir tras implementar reformas tributarias poco populares. En Colombia, no solo como consecuencia de la pandemia, sino por problemas fiscales de tiempo atrás, nos vemos obligados a encontrar nuevas fuentes de financiación. Sin embargo, ese aumento de ingresos debe generarse impulsando sectores claves de la economía. Jamás metiéndole la mano al bolsillo del colombiano de a pie.
Hay que tener en cuenta el contexto de la reforma, más allá de la pandemia. Primero, el año antes de la pandemia teníamos un 36% de la población sumida en la pobreza (en áreas rurales el porcentaje llegaba al 48%). Además, dos de las tres agencias calificadoras de riesgo más importantes del mundo nos tienen a un escalón de perder el grado de inversión. En otras palabras, estamos al borde de perder un gran flujo de inversión extranjera y tener incrementos en las tasas de interés de todo tipo. Por último, y más importante, el malestar social generalizado de la población en medio de esta situación obliga a que el Estado deba tomar medidas inmediatas en pro de su bienestar.
Según lo que ha trascendido de lo que sería la reforma y las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, las medidas para la protección de los más vulnerables serian -en gran parte- un legado de la pandemia. Permanecería el ingreso solidario mensual por cerca de $360.000 pesos y la devolución de IVA por $45.000 a las familias más vulnerables.
No obstante, las fuentes de financiación de la reforma generan un amplio debate. Hay diversas opciones. Las más polémicas han sido la ampliación de la base del IVA y del impuesto de renta para personas naturales. Personalmente, pienso que la primera perjudica más a quienes devengan menores ingresos y la segunda exige un mayor esfuerzo a los trabajadores del país. Considero que antes de explorar estas alternativas, otras se deberían evaluar.
Dentro de estas otras opciones la controversia técnica y de conveniencia también es muy profunda. Por un lado, aunque el impuesto de renta a personas jurídicas ya es relativamente alto, también es cierto que las grandes compañías tienen ciertos beneficios tributarios como los del régimen de megainversiones o los de las zonas francas, quienes en renta pagan un 27% y 20% respectivamente y no un 31% ordinario para la vigencia 2021. Difícilmente un emprendedor, tendero o microempresario podría acceder a estos beneficios.
Algo muy similar sucede con las fuentes de financiación que sugieren incrementar el impuesto a los dividendos o extender el impuesto a la riqueza o al patrimonio. A pesar de que técnicamente pueden presentar falencias de doble tributación o de castigo a la generación de riqueza, lo cierto es que su impacto recaería sobre la población de mayores ingresos del país. Esto convertiría a una reforma de este tipo en progresiva.
Ojalá estos colombianos tengan la grandeza que en el 2003 tuvo el billonario norteamericano Warren Buffet, quien criticó una propuesta de recorte de impuestos sobre dividendos al dejar claro que ese beneficio sería más útil si cayera en manos de familias necesitadas, y no en sus propios bolsillos. El magnate se atrevió a declarar textualmente: “Poner $ 1,000 en los bolsillos de 310,000 familias con necesidades urgentes proporcionará mucho más estímulo a la economía que poner los mismos $ 310 millones en mis bolsillos”.
