Por Dilian Francisca Toro
La liquidación de la EPS Coomeva y la toma de posesión de Emssanar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud son dos hechos que contribuyen a agudizar la crisis de la salud en Colombia.
Aunque estas iniciativas tienen como propósito mejorar la atención a los pacientes, lo que estamos viendo en la práctica es que se está afectando la salud de más de tres millones de personas (1.2 millones de Coomeva y 2 millones de Emssanar, aproximadamente). Se trata de un proceso que refleja una gestión deshumanizada, que causa mayor incertidumbre y vulnera los derechos de los usuarios afectados por el caos del sector.
En el caso de Coomeva, una EPS que atendía en 23 departamentos del país, si bien la Superintendencia explicó que ha realizado de manera automática el traslado de los pacientes a 14 EPS, lo cierto es que los usuarios han denunciado barreras en los servicios, sobre todo para continuar con los procedimientos y tratamientos que tenían pendientes.
Es importante que se les brinde información rápida y oportuna, sobre a dónde se deben dirigir, dónde podrán reclamar sus medicamentos, qué médico los atenderá o cuál será su laboratorio asignado. Pero, sobre todo, se debe proteger a las personas más vulnerables, a las que tienen enfermedades crónicas o tratamientos de alta complejidad, y que en medio de esta situación se les ha suspendido.
Otra problemática que se desprende de la liquidación de Coomeva es la afectación a las redes de prestadores de servicios de salud que incluye a los hospitales públicos los cuales van a sufrir déficit financiero por el no pago de las deudas de las EPS. Además, la situación pone en riesgo millares de puestos de trabajo. Tan solo en el caso del Valle del Cauca, son cerca de siete mil, lo cual agrava la crisis en el sector.
Respecto a la Toma de Posesión de la EPS Emssanar, hay que tener en cuenta que esta entidad presta sus servicios a casi dos millones de usuarios en el Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cauca y el 92% de esos usuarios pertenecen al régimen subsidiado, es decir, que en su mayoría son personas en condiciones de vulnerabilidad. Es clave que esta intervención surta efectos positivos, porque sería fatal para el sistema de salud que también se llegue a un proceso de liquidación.
Sin embargo, estas medidas que se toman desde el Gobierno no serán suficientes mientras no se haga una reforma estructural a la salud, en donde el centro del sistema sea el paciente. Considero que las EPS deben cumplir su papel de asegurador, realizar gestión del riesgo, ser garantes en la prestación de servicios de salud y velar para que la población afiliada esté sana, lo que no debe hacer es prestar servicios. (Integración vertical).
En cuanto a la prestación del servicio, debe ser integral, sin barreras administrativas, con acciones de complementación en áreas dispersas que deben suministrarse por el Estado de forma que se garantice la integralidad. Para ello, son fundamentales las redes integrales e integradas de salud establecidas en la Ley 1438, pero que no se han reglamentado. Además, los prestadores deben organizarse y complementarse y garantizar continuidad en condiciones de equilibrio, permitiendo el desarrollo científico y el recambio tecnológico.
Esto es posible. En mi gestión en la Gobernación del Valle del Cauca, con la Secretaría de Salud, impulsamos una propuesta de redes integradas de servicio de salud en integración público-privada en todos los niveles de atención. Este modelo garantiza la prestación con continuidad, sin barreras administrativas y tiene su punto de partida en la promoción de la salud y termina en la rehabilitación cuando se requiera.
Pero para lograr esta transformación sustancial al Sistema de Salud en el país se necesita voluntad política y líderes que antepongan el bienestar de la gente sobre los dividendos particulares. Más allá de los procesos administrativos, lo que se debe imponer es la defensa de los pacientes, porque ellos son la razón de ser del sistema.
Con paños de agua tibia no se cura la salud. Los colombianos debemos buscar acuerdos que permitan acabar con las grandes brechas sociales que impiden que el desarrollo y el bienestar llegue hasta la gente más vulnerable y necesitada del país.
