Por: José David Name

La larga factura generada por el Proyecto de Hidroituango en Colombia, sigue sumando nuevos costos de todo tipo. Al grave impacto social, ambiental y económico producido por los errores en esta obra, ahora se le suma un nuevo incremento en el costo total del proyecto, que aumentó $4,6 billones, llegando a los 16,2 billones de pesos. Un valor excesivo para un proyecto de este tipo.

Además de la afectación patrimonial que nos está dejando Hidroituango, tenemos el incalculable daño ambiental y social que ha desencadenado esta megaobra; con la dramática disminución del caudal del río Cauca, un duro golpe para la pesca, la economía y seguridad agroalimentaria de las poblaciones ribereñas, quienes hoy no encuentra esperanza alguna ante un río que ha perdido su vida y se ha llevado consigo el esplendor de la naturaleza, su identidad, su práctica ancestral y su sustento. Después de más de 2 años de la emergencia causada por un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, las comunidades afectadas siguen exigiendo a EPM, con protestas y manifestaciones, que se restaure el daño ambiental causado por esta obra.

Los perjuicios ambientales y sociales originados por muchas de las hidroeléctricas que se han construido en el país, demuestran que la producción de este tipo de energía está muy lejos de ser amigable con el medio ambiente. La intervención del hombre en el ecosistema con el redireccionamiento de cauces naturales ha traído desaparición de cuerpos de agua, disminución de caudales, contaminación, entre otros efectos, provocando una gran alteración de la naturaleza y pérdida de la biodiversidad.

Constantemente he expresado mi desacuerdo con la construcción de hidroeléctricas en el país, precisamente por los graves riesgos y daños ambientales que implica el desarrollo de estos megaproyectos en cualquier ecosistema. La insistencia de construir el proyecto hidroeléctrico Ituango pese a las advertencias, demuestra que los intereses y la ambición de quienes manejan el monopolio de las hidroeléctricas han estado siempre muy por encima de salvaguardar el medioambiente.

En toda esta tragedia aún no vemos a nadie pagando por las fallas en la planeación y ejecución de la hidroeléctrica. No hay responsables del daño al patrimonio del Estado que ha causado este proyecto, pese a que la Contraloría General de la República abrió un proceso a 34 presuntos responsables fiscales por los errores en la obra. Solo se conoció recientemente de la sanción por 1.718 millones de pesos que estableció la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a Sociedad Hidroituango S.A. por dos obras que no contaron con licencia ambiental. El país merece conocer todas las irregularidades que se han presentado en la construcción de esta obra y que los responsables de esta incalculable deuda, paguen ante la justicia.

Otra de las enormes afectaciones que nos ha dejado este megaproyecto, ha sido la no entrada en operación en la fecha pactada, se proyecta que el aporte total una vez inicie la operación completa será de 2.400 megavatios de energía, sin embargo los muchos inconvenientes que ha presentado el proyecto le han impedido iniciar, solo en la Región Caribe debería estar aportando desde el 2019, el 26% de la demanda de energía, incumplimiento que ha causado aumentos injustos y desproporcionados en los recibos de energía.

Debemos aprender de la gran tragedia y fracaso que hemos sufrido con Hidroituango para no volver a cometer los mismos errores, no se pueden seguir construyendo proyectos de esta naturaleza que demandan costos incalculables tanto en recursos ambientales como en recursos sociales y económicos. Queda demostrado que la autosuficiencia energética sostenible para nuestro país la hallaremos en las energías limpias, no en las hidroeléctricas como nos quieren hacer creer.

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