Por Dilian Francisca Toro Torres
Los colombianos iremos a las urnas este 19 de junio para elegir al nuevo presidente de la república, en medio de un ambiente de incertidumbre y pesimismo. Una reciente encuesta de la agencia Yanhaas reveló que, por temas de corrupción, el 89% de los ciudadanos desaprueba la labor del actual gobierno, además de mostrar una gran preocupación en materia económica, de seguridad, salud, educación y medio ambiente.
La desalentadora visión reflejada por la encuesta se hace evidente cuando a la pregunta “¿Cree que Colombia está en riesgo de terminar igual que Venezuela política, social y económicamente?”, el 54 % de los consultados contestó que sí, un indicativo evidente de la preocupación de los ciudadanos sobre nuestro futuro como nación.
Frente a esta percepción de la opinión pública, quien resulte electo tendrá que afrontar grandes y complejos retos para poder ejecutar su propuesta de gobierno. El país que recibirá aún sufre las consecuencias de una dura pandemia que lo llevó a retroceder incluso, hasta diez años en muchas de sus conquistas económicas y sociales.
Las cifras son evidentes. De acuerdo con el Dane, en 2021 el 39,3 % de los colombianos vivían en situación de pobreza monetaria y el 12,2%, en pobreza extrema. La entidad también reveló que en abril de este año el índice de desempleo llegó al 11,2 %, es decir, 4,4 puntos por debajo de la presentada en el mismo periodo del 2022. Si bien hay que reconocer que se está dando una importante recuperación del empleo, vemos que la brecha laboral de las mujeres respecto a los hombres es de 5,3 puntos, mientras la de los jóvenes es de 21,3 %.
La situación respecto a la violencia también es desconsoladora. Según Indepaz en lo que va corrido de este año han sido asesinados 82 líderes y defensores de Derechos humanos y 1.309 desde la firma del Acuerdo de Paz. Igualmente señala que en el actual gobierno se han cometido 261 masacres con un trágico saldo de 1.144 víctimas mortales. Entre tanto, la ONU señaló que en 2022 más de 78.900 personas han sido víctimas de desplazamiento y confinamiento, y que en el 2021 fuimos el tercer país del mundo con mayor número de desplazados internos.
La implementación del acuerdo de paz es otro reto por cumplir. La Contraloría General de la República acaba de emitir un informe en el que señala que, hasta abril de 2022, el 57 % de los programas inscritos en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión -SPI, están por debajo del 10% de su ejecución.
Los rezagos de inequidad social también se reflejan en la educación. Según Fedesarrollo por cada 100 niños en primaria, 44 se gradúan y sólo 39 de ellos acceden a educación superior. Entre tanto, el 63 % de estudiantes de 11 y 5 grado de colegios públicos no tienen acceso a internet. Y ni hablar de la salud, en donde si bien el aseguramiento en el país tiene un alcance superior al 95%, el acceso efectivo a este derecho fundamental está muy lejos de esos porcentajes, sobre todo en poblaciones étnicas, rurales y dispersas.
Para reducir estas brechas sociales y económicas es fundamental que el nuevo gobierno plantee proyectos para la generación de empleo, que propicien el crecimiento económico en nuestras regiones. Y para lograr este propósito en primer lugar se debe aumentar el gasto público con infraestructura en proyectos de vivienda y de vías que mejoren la conectividad, para que haya más empleo.
También, invertir en el sector del emprendimiento, sobre todo, para jóvenes y mujeres. Es fundamental fortalecer el conocimiento, la tecnología y la ciencia, así como mejorar las competencias digitales de las MiPymes. Se necesita incentivar la inversión privada para que genere nuevos empleos y tengamos mayor competitividad, así como reactivar el campo para garantizar la seguridad alimentaria. Además, hay que llevar a cabo el trámite de las reformas tributarias, pensional y de salud y desde luego, cumplir con el acuerdo de Paz.
Por eso en medio de este difícil panorama, los colombianos debemos analizar muy bien las propuestas de los candidatos presidenciales, exigiendo además que sean claras, viables y consulten la realidad; que expliquen cómo las van a realizar y de dónde van a salir los recursos.
En nuestras manos está la decisión para fortalecer la institucionalidad, las libertades, los derechos; para lograr las transformaciones sociales, económicas y ambientales que necesita el país y así poder acabar la pobreza y la desigualdad. Los invito a votar pensando en un futuro mejor para Colombia y los colombianos.
