Sábado, 20 Agosto 2016 21:26

Ni las minorías ni los diversos pueden ser matoneados en el país

Por José David Name Cardozo

Senador de la República Partido de La U.

 

Ninguna autoridad ni ciudadano de algún color, religión, partido político o estrato tiene derecho a discriminar o a excluir a otro en nuestro territorio por lo que decide ser o hacer en un marco de respeto a los demás y sin transgredir los límites de las libertades individuales y/o colectivas. 

Así lo consagra nuestra Constitución Política de 1991 al definirnos como un Estado Social de Derechos, que además debe garantizar la vida, honra y bienes de todos en condiciones de convivencia pacífica.

Es en este escenario en donde sobresale el compromiso que tenemos gobierno y partidos, en estrecha armonía con los distintos estamentos sociales,  de erradicar la pobreza, generar seguridad, permitir el libre desarrollo de la personalidad y salvaguardar los derechos de cada quien, tarea última en la que la rama jurisdiccional juega un papel fundamental.

 Es por ello que desde el Congreso de la República, bajo la iniciativa del Gobierno Nacional y el posterior control de constitucionalidad, nos hemos dado al trabajo de desarrollar legalmente la carta de derechos fundamentales para que todos podamos ser cubiertos bajo el mismo techo de los beneficios sociales.

 A la luz de estas convicciones personales y profesionales, es que me ratifico  en mi posición de que deben ser respetadas y asistidas según sea el caso, las minorías, las comunidades diversas, la oposición política y otras manifestaciones propias de una democracia en la que se mueven consensos y disensos por la pluralidad de los distintos grupos poblacionales en un país en desarrollo como el nuestro.

 En el entendido de que Colombia tiene una profunda tradición de rechazo al colonialismo y a las imposiciones ideológicas, era lógico deducir la indignación y movilización nacionales en contra de un evidente atropello al derecho que tienen las familias de educar a sus hijos.

 Lo que ocurrió la semana pasada no fue una expresión contra la población LGBTI o llamada diversa, sino contra la ideología de género que se estrellaba con la autonomía escolar y familiar al orientar la conducta de los hijos, pensando siempre en su bienestar.

 La comunidad diversa merecerá en todo momento nuestro respeto y apoyo para que no le sean vulnerados sus derechos, pero no es precisamente a través de cartillas veleidosas ni subliminales impuestas como se canaliza ese respeto y protección.

 Las marchas que se dieron en el país no fueron manifestaciones políticas y por ello es inconveniente que la Ministra de Educación intente contaminar ese derecho a la protesta aduciendo que se trataba de un complot contra ella por parte de organizaciones partidistas. Nada más alejado de la realidad.

 Me parece que la Ministra de Educación se equivocó rotundamente, dio un mal ejemplo y manejó desacertadamente el tema. Uno se pregunta por qué mintió la Ministra al país si había una cartilla en proceso en la que presuntamente se estaban gastando 1.600 millones de pesos. Cómo le cabe a uno en la cabeza que una Ministra diga que hay un ente no gubernamental haciendo una política pública a sus espaldas. Es inadmisible.

He respetado y aprecio a la Ministra, pero ante la gravedad del asunto suscitado debe renunciar en las próximas horas y evitar una Moción de Censura en el Congreso de la República, lo cual provocaría un daño colateral al plebiscito por la paz que en opinión de unas evidentes mayorías hoy podría estar hundido.

La movilización social en Colombia viene madurando como una necesaria expresión de protesta ciudadana y lo que ocurrió el 10 de agosto pasado es una contundente prueba de ello. Cada día son más los ciudadanos que pierden el miedo a mostrar en las calles su inconformismo. Por más que alguien lo intente, el pueblo está diciendo que los valores ni las minorías ni los diversos pueden ser objeto de matoneo en Colombia.

Por lo que vivimos el pasado 10 de agosto y el malestar que se respira en la Costa Caribe colombiana, creo que la próxima gran bomba social en materia de manifestaciones públicas será contra el mal servicio de energía que viene prestando Electricaribe. Razón por la cual su solución debe ser liderada por el Presidente de la República, porque al convertirse en un problema que trascendió lo nacional a una esfera de litigio internacional, se salió del ámbito del Ministro competente.

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