Bogotá, marzo 13 de 2019

-Los congresistas firmantes, indicaron que es necesario que “se precise si el Congreso es competente para objetar sentencias de la Corte Constitucional tratándose de temas ya decididos por esa corporación”.

La Comisión de Paz recordó además que los Congresistas son servidores públicos y por tanto si la Mesa Directiva decide dar trámite a estas objeciones sin las precisiones demandadas a la Corte Constitucional, podría configurarse la extralimitación de funciones dolosa con consecuencias disciplinarias y penales al constituirse el delito de Prevaricato por Acción tipificado en el artículo 413 del Código Penal.

Roy Barreras, Iván Cepeda, Juanita Goebertus, Angela María Robledo copresidentes de la Comisión de Paz y los congresistas Antonio Sanguino, Roosevelt Rodríguez y María José Pizarro respaldaron con su firma esta proposición.

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